Últimamente muchos ayuntamientos de Cataluña se están planteando cómo regular la implantación de instalaciones de energías renovables en el suelo no urbanizable en su término municipal.

Es evidente que la urgente necesidad de incrementar el uso de energías renovables es indiscutible hoy en día para intentar alcanzar los objetivos ambientales consensuados a nivel mundial para frenar el cambio climático. Sin embargo, a determinados municipios y colectivos les preocupa también que la implantación de parques eólicos o fotovoltaicos se haga de forma ordenada, sin perjudicar otros valores ambientales, paisajísticos o patrimoniales.

Con esta finalidad, algunos Ayuntamientos están iniciando la formulación de instrumentos de planeamiento urbanístico que regulen las condiciones de implantación de estos parques solares o eólicos. Desde GMG estamos redactando varios planes con este objetivo, ya sea mediante un Plan especial, como en el caso de Santa Margarida y Els Monjos, o mediante modificación del planeamiento general, como en el caso de Les Franqueses del Vallès.

Para ello, en GMG hemos elaborado una metodología que, mediante un sistema de información geográfica, recoge toda la información territorial disponible (pendiente del terreno, capacidad agrológica, sistemas de comunicación, red eléctrica, irradiación solar, elementos patrimoniales, hidrología, etc.), filtra la que tiene incidencia en el ámbito de estudio, analizando de forma combinada las diferentes fuentes. De esta forma se hacen evidentes las zonas aptas o no para la implantación de estos parques de energías renovables, y esta base permite de una forma más racional y científica tomar decisiones que acaben de completar la propuesta de regulación, graduando las medidas de protección (distancias a elementos patrimoniales, caminos históricos, control del impacto paisajístico, etc.).

Estamos convencidos de que de esta forma se puede lograr una regulación urbanística que facilite la implantación de parques fotovoltaicos o eólicos necesarios para poder conseguir los objetivos de Protocolo de Kyoto de 1997 y del Acuerdo de París de 2015 pero que a la vez se garantice una actuación coherente y respetuosa con las preexistencias y el paisaje.

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